La agresiones a la escuela, nuestras propuestas y las coincidencias con Petro

Un saludo a todos y todas, un agradecimiento por la invitación. Podemos desarrollar este tema sobre las reformas que se están materializando en el terreno de la educación y, acorde con el nombre del Centro de Estudios Sociales que hoy nos convoca a esta conversación, precisar cómo nuestras propuestas desarrollan el pensamiento de Francisco Mosquera. Ello permite entender que las reformas no son iniciativas exclusivas del gobierno, sino que también son impulsadas desde el movimiento obrero, el sector educativo y FECODE, acudiendo a nuestro bagaje ideológico, académico y práctico, forjado en más de cuatro décadas de movimiento pedagógico, precedido del profundo debate sobre la función social de la escuela que, la comunidad educativa y académica, adelantó durante la década de los setenta.

I. Tres enormes agresiones a la escuela

No se la comprendería la trascendencia de las reformas si no se entiende la dimensión de los estragos padecidos por la escuela. Por lo menos tres agresiones enormes: una, derivada del extremo neoliberalismo; dos, como consecuencia de la herencia colonial oscurantista que hoy se identifica y funde con el neofascismo y; tres, el conflicto interno y las diversas violencias. Han sido tres duras ofensivas contra la escuela y el sistema educativo público.

La primera. El extremo neoliberalismo, procede mediante la supresión y apropiación de los recursos públicos por parte del sector privado. La más agresiva de todas las contra reformas para debilitar el sistema educativo público desde el punto de vista financiero, fue elevar a categoría de Constitución por dos veces consecutivas mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, un brutal recorte de transferencias de la Nación a todos los municipios del país que se deben destinar a educación, salud, agua potable, saneamiento básico y territorios indígenas. Entre el 2001 y el 2025 los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), descendieron de 46.5%, como establece la Constitución Política de 1991 a 27% a corte del 2024; es decir, nos expropiaron $750 billones de pesos a corte del 2025, de los cuales 321 billones de pesos fueron suprimidos a educación y 140 billones de pesos a salud. Esta última sufrió doble tragedia por la ley 100 de 1993 que la debilitó mucho más y, a su organización sindical, dificultando enormemente contener la arremetida.

El otro duro golpe para la educación fue la imposición de la ley 30 del 92 que, implantó un proceso de desfinanciación progresiva de la educación superior con un déficit de 18 billones de pesos a corte de 2024, agravado por el desastroso desangre de “Pilo Paga” que saqueó el erario en favor de las universidades privadas. Gracias a la movilización social y, especialmente, al movimiento estudiantil el gobierno de Duque, tuvo que girar recursos para paliar la crisis.

Las consecuencias regresivas son enormes, pero por razones de tiempo, quiero señalar dos por lo menos: el debilitamiento de la función social de la escuela mediante la suplantación de escuela por organizaciones que la sociedad creó para diferentes asuntos, tales como las cajas de compensación, sustrayendo de la escuela de lo que le es propio, como por ejemplo la escolaridad de los niños de tres y cuatro años. La otra consecuencia, es el debilitamiento del carácter profesional de la docencia, haciendo caso omiso de que, el desarrollo del conocimiento humano se traduce en profesiones y en especializaciones, para atender, por ejemplo, a los niños y niñas con síndrome de Down, autismo o con otra multiplicidad de características. Esta es la irracional causa que motivó la suspensión de la convocatoria a concursos que requieren los docentes y las respectivas especialidades desde el 2002 y, se pretende que los profesores de cualquiera de las demás áreas, asuman su atención sin la preparación requerida.

El punto más alto de estas propuestas regresivas, provino de la senadora María Fernanda Cabal que, impulsó el proyecto de ley Home School, en cual quiso fallidamente establecer que no se requería maestras o maestros, licenciados y profesionales para primaria, sino bachilleres y que, la existencia de la escuela se reemplazaría por las casas de los maestros o de los estudiantes. Ese proyecto quedó sepultado en el marco del estallido social.

La segunda agresión contra la escuela, proviene de mencionada herencia colonial y semifeudal que hoy se siente representada en el neofascismo. En su posición prima el carácter ideológico y, en consecuencia, su propósito es suprimir o desarticular el sistema educativo público. El Home School es una muestra de ello. El proyecto de ley de bonos escolares que volvieron a presentar, no trata simplemente que las familias escojan si su hija o hijo estudia en un colegio público o particular, obviamente con los recursos del Estado, acorde con la entelequia “libertaria” con la cual lo promocionan. Principalmente buscan reformar un “articulito”, el 27 de la ley 715 que logramos mantener en la lucha de 2001, pese a que no logramos atajar el recorte a las transferencias con el paro realizado en esa ocasión. Ese artículo de la ley 715 dice que no se le podrá entregar los recursos del Estado a los particulares, salvo que este no pueda garantizar el derecho, con la modificación buscan que todo el presupuesto público quede a disposición de los particulares. Es decir, su intención es alzarse con el presupuesto público, el significativo aumento en estos tres años y los recursos reconquistados en el acto legislativo 03 de 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones -SGP-, después de 22 años de lucha y, en el cual me detendré más adelante.

La apropiación de los recursos públicos por los particulares, tiene una gravedad aun mayor que se traduciría en suprimir conquistas obtenidas en la lucha bicentenaria de la comunidad académica y educativa. Porque si el chico va al colegio privado, (no precisamente de estrato alto), quién define qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se paga, cuánto se trabaja, es el dueño del colegio. Se eliminarían de facto, la libertad de cátedra, la autonomía, el gobierno y la democracia escolares, cualquier tipo de estatuto docente, una regulación laboral digna e incluso el carácter laico y gratuito de la educación. Es decir, no se trata de cualquier reforma. El proyecto de ley que había sido archivado el 20 de junio de 2024, en el marco del paro nacional del magisterio que hundió con éxito la desfigurada propuesta de ley estatutaria, fue radicado nuevamente y aprobado en primer debate en Senado pese a nuestra argumentación, expuesta en la respectiva sesión; lo que nos pone en estado de alerta.

En resumen, el oscurantista propósito es desarticular, debilitar o suprimir el sistema educativo público, las comunidades académicas, educativas y pedagógicas; como también, sus organizaciones, especialmente las sindicales que son agrupamientos de la inteligencia nacional. Regresivo proceso que se registra en toda América Latina y, ahora en Estados Unidos, liderado por Trump.

La tercera agresión contra la escuela, es el conflicto interno y las diversas violencias. Las agrupaciones irregulares armadas de extrema izquierda y derecha, estas últimas en colaboración con sectores de los organismos de seguridad del Estado, “decidieron” llevar la “guerra” a las universidades.

Quienes tuvimos responsabilidades de dirección en la Juventud Patriótica en los años ochenta, tuvimos como una de nuestras principales tareas, contribuir a salvaguardar a dirigentes y representantes estudiantiles, cuyo ejercicio estaba basado en el argumento, frente a las amenazas de las que eran objeto de manera permanente.

En las escuelas rurales y apartadas, la maestra se convirtió en el último obstáculo entre el reclutador y el niño y la niña. Más de 1.100 educadoras y educadores asesinados nos ha costado, desde 1985. El informe de FECODE y la Escuela Nacional Sindical (ENS) a la Comisión de la Verdad, La vida por educar (1986 -2010) es un registro de los crímenes de lesa humanidad de persecución y exterminio contra maestras y maestros sindicalistas, miembros de nuestras filiales.

El viejo régimen político, incluido su último gobierno en cabeza de Duque, intensificó la estigmatización contra los colegios públicos, el magisterio oficial y a FECODE y sus 34 filiales que agrupa un sector de la inteligencia del país, elevándola a la categoría de enemigo interno y, en el estallido social, procedieron de forma similar contra la juventud.

La captura del Estado por el narcotráfico y, a su vez principal fuente de financiación del conflicto armado, provocó otras tenebrosas consecuencias, como el reclutamiento y el sicariato de niñas, niños y jóvenes; igualmente, el desprecio por el estudio ante la posibilidad de ingresos inmediatos y, la relación entre los integrantes de la comunidad educativa, fue permeada por las formas violentas ajenas a su esencia.

En los últimos meses, se registra un incremento de las acciones armadas presionado las escuelas, a los maestros y maestras, extorsionándolos o desplazándolos; con el interés adicional de sabotear la ley de paz total y fabricar el “estado de opinión” para que la población se incline en las próximas elecciones por las propuestas “políticas” que pretenden que las presentes y futuras generaciones, solo tengan la guerra como ´proyecto de “vida” y nación.

FECODE y el Movimiento Pedagógico, impulsa desde la década de los años 80 del siglo pasado, el proyecto de la Escuela Territorio de Paz -ETP- y, los acuerdos suscritos con el gobierno, el pasado 1° de julio, buscan incorporarla a la política educativa pública, con el propósito de contribuir a resarcir la fractura de la comunidad educativa ocasionada por las violencias.

II. Frente a toda esta “herencia”, ¿cuáles son nuestras propuestas para la educación pública?, ¿de dónde vienen?

Provienen del legado de las revoluciones democrático-burguesas, de la lucha de la naciente comunidad científica y académica que contribuyó a nuestra independencia, las reformas que inspiró en el siglo XIX, de los movimientos estudiantiles de la década de los sesenta y setenta, especialmente de 1971 en Colombia y del movimiento pedagógico impulsado por FECODE desde 1982.

Básicamente nuestra propuesta de política educativa pública avanzada, como le llamamos, se sustenta en tres ejes. El primero, la universalización y la garantía del derecho pleno a la educación desde las tempranas edades hasta las más avanzadas. Segundo, en la esencia de la función social de la escuela, es decir, la apropiación y generación de conocimiento más avanzado que contribuya al desarrollo de las fuerzas productivas, pero sobre todo para garantizar el bienestar y el disfrute de la población. Y tercero, las condiciones dignas para el ejercicio de la labor pedagógica para todos los integrantes de la comunidad educativa.

Su materialización debe contar con dos requisitos, la financiación estatal y adecuada, guiados por el precepto de las revoluciones democrático -burguesas, según el cual, la única institución social capaz de financiar la educación y la salud, es el Estado. Y el avance del conocimiento, se garantiza especialmente con libertad de cátedra, autonomía y democracia en las instituciones educativas.

¿Por qué estamos hablando de eso? Porque si nosotros no tenemos claros estos conceptos, por ejemplo, “la enmienda” al proyecto de ley estatutaria en educación hubiera sido aprobada. El proyecto de ley estatutaria surgió en este gobierno, discutimos su contenido, pero en un acto que no reconoce estos postulados, la ministra de Educación con integrantes de la bancada del Pacto, negociaron con las senadoras (es) de las derechas políticas, Cabal, Valencia y Luna, desfigurando completamente el proyecto de ley. El MEN y la “bancada” no tenían claras las líneas rojas que no se podían cruzar, ni la posición de clase de los trabajadores (as). No es aconsejable discutir y menos negociar con el contradictor si no se tiene bien claro nuestra propuesta de política educativa y defenderla en cada letra y en cada artículo. El proyecto que intentó “remendar la enmienda” propuesto por el Pacto Histórico, hubiera entregado el 49% del presupuesto público a la educación superior privada; razón por la cual FECODE tuvo que liderar la batalla por el hundimiento del proyecto de ley estatutaria, convertido en regresivo su texto que, de aprobarse nos hubiere retornado al siglo XVIII y, pulverizado las conquistas de la bicentenaria lucha de la comunidad académica y educativa.

III. Las coincidencias con Petro sobre la reformas

Entonces, ¿por qué nosotros insistimos con el apoyo a Petro? Porque tenemos una coincidencia sobre el tema de la educación en los puntos que nosotros denominamos la revolución de Nueva Democracia, en este caso en el terreno de la educación. En este auditorio veo a varios compañeros y compañeras que lograron concretarla en el Programa Mínimo en el Movimiento Estudiantil y en la Plataforma de Reforma Universitaria de 1971, que a su vez, sustentó el profundo debate que permitió lanzar el Movimiento Pedagógico aprobado en el XII Congreso de FECODE en 1982. Por eso podemos establecer con claridad las reformas que queremos en educación; como también las “líneas rojas”. No se trata solamente de que hay unas reformas del cambio y, que el movimiento obrero y el sector educativo, estamos como quietos esperando qué pasa. Nosotros contribuimos a la orientación e inclinamos la balanza a favor de la posición más avanzada que puede haber en el gobierno, el cual por supuesto tiene muchas dificultades y discusiones internas.

¿En qué se reflejan los cambios? No alcanzo sino a concentrarme en uno, el otro lo dejaré planteado. Uno es el de la financiación y en el otro son los contenidos y la reforma curricular. El primero tiene que ver con la batalla que libramos para que en la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) quedarán como mandato, las reformas a la educación superior y al sistema general de participaciones -SGP-, en contravía de la posición de la tecnocracia, anidada en el Ministerio de Hacienda y en el Departamento de Planeación -DNP-. Duque también incluyó la reforma al SGP, aunque obviamente no cumplió. Igualmente, los pliegos de peticiones y acuerdos entre el Gobierno popular y FECODE, tanto 2023 – 2025, como 2025 -2027, los cuales se caracterizan por ser síntesis de política educativa pública, han obtenido resultados, el más importante hasta ahora, tiene que ver con el criterio compartido de incrementar los recursos de educación en el presupuesto general de la nación -PGN. En el año 2023 el presupuesto era de 58 billones de pesos, en el 2024 pasó 70.13 billones, en el 2025 a 79.2 y, el proyecto que se radicó hace unos días en el Congreso, asignaría 88. 2 billones de pesos para educación. En esto hay una coincidencia enorme con Petro al lograr elevar a educación a primer rubro de inversión social por tercer año consecutivo, pese al bloqueo institucional contra esta y, al ancla enorme que representa el pago del servicio de la deuda externa en 2026, a cargo de la tercera cuota del cuantioso y costoso préstamo que hizo Duque excusándose en la “pandemia”. Pero la reforma más importante, compañeros y compañeras, de lo cual estamos orgullosos, es que después de 22 años de lucha, logramos la reforma al Sistema General de Participaciones -SGP-, mediante el Acto Legislativo 03 de 2024.

Habíamos comentado el brutal recorte o expropiaron de las transferencias de la Nación a la población de todos los municipios en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Esta progresiva reforma al SGP, se libró en medio de una batalla muy difícil, entre otras razones, por la división del gobierno, lo que refleja el poder de la tecnocracia neoliberal. Hoy 6 de agosto precisamente, se cumple un año en que estuvimos hablando con el ministro de Hacienda y nos dejó claro que no le iba a “jalar” a la reforma que él debía liderar. FECODE, tuvo que salir a modificar la táctica y hacer una serie de alianzas que llevaron por fin a que el gobierno, en cabeza de Petro inclinara la balanza, lo cual fue decisivo en la concreción del acto legislativo, desde el sexto debate en el Senado.

Quiero mencionar las más importantes conquistas logradas en el Acto legislativo 03 de 2024. La primera, es la recuperación de los recursos suprimidos por el extremo neoliberalismo. Entre el 2027 y el 2038, en 12 años, progresivamente debemos pasar de 27.4 en 2024 a 39.5% de los ingresos corrientes de la nación -ICN-. A costo del dinero del primer semestre de este año son 182. 6 billones de pesos que se restituirán. Esa cifra va aumentando por supuesto. No sobra anotar que, gracias al incremento del presupuesto de educación en el PGN, el SGP alcanzó el mencionado porcentaje el año pasado, el 28.73% en 2025 y, de aprobarse el proyecto presentado para 2026, llegaría el 29.32%; lo que constituye una base más más alta al entrar en vigencia la reforma al SGP.

El segundo asunto clave, es que logramos elevar a categoría de derechos, la educación, la salud, el agua apta para el consumo humano y el saneamiento básico. Es de anotar que, la aún vigente ley 715 de 2001, transfiere los recursos a las entidades territoriales para servicios y competencias, no para derechos.

La reforma al SGP de 2024, obliga al Estado a financiarlos; en virtud de lo cual también quedó preciso que los recursos deben destinarse a la universalización progresiva de estos derechos y sectores. De igual dimensión, es el impacto favorable sobre el neoliberal artículo 67 de la Constitución del 91 que, tan solo obligaba al Estado, a financiar parcialmente la educación entre los grados cero y noveno; como también, limitó su responsabilidad entre los cinco y quince años de edad. Con el nuevo acto legislativo 03 de 2024, los ingresos recuperados, se destinarán a tres grados de escolaridad en preescolar, básica, media especializada, institutos técnicos, agropecuarios, comerciales, las escuelas normales, la educación inclusiva, rural y de jóvenes y adultos.

Esta conquista y, esto es noticia en desarrollo, el Acto Legislativo 03 de 2024 debe reglamentarse por vía de una ley orgánica. En la propuesta de texto, existen dos agrupamientos. Nuestro planteamiento defiende que:

1. Esta reforma pasa por definir y precisar las relaciones entre el Estado nacional y el Estado regional. Nosotros defendemos el criterio que sustentamos durante la reforma a la Constitución Política en 1991 que, en resumen, defiende la descentralización con territorios suficientemente financiados para materializar derechos y ejercer más democracia.

El regresivo ordenamiento territorial que impuso la C.P.C. de 1991, que descentralizó las responsabilidades sin recursos, se basó en el Informe Wiesner-Bird de 1981 que “recomendó”:

 “...lo que necesitan las grandes ciudades no son mayores transferencias del Tesoro Nacional sino una mayor autonomía para disponer de la facultad discrecional de imponer y recaudar sus propios tributos, así como la responsabilidad de promover varios de los servicios locales que hoy en día suministran ineficientemente las empresas y las entidades descentralizadas nacionales”.

Esta tesis fue defendida por el “partido de los economistas” liderado por los ex ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo quienes junto a la tecnocracia del DNP, se opusieron a la reforma al SGP. El acto legislativo 03 de 2024, corrige esta relación entre el Estado central y regional. Pero sobre la base de que, estos recursos son para garantizar los derechos de la población de los territorios y no, en nombre de las falsas autonomías que, su destinación deba ser determinada por los alcaldes. No son ellos los que deben definir qué hacer con los recursos reconquistados. La propuesta nuestra es que, el Estado nacional debe girar los recursos con destinación específica a las regiones, en el caso de educación y salud el 58% y el 24% del SGP total, respectivamente. Las organizaciones de alcaldes, gobernadores y bancadas de oposición, insistieron desde el principio en una distribución, según la cual, el 70% de los recursos reconquistados (denominado el SGP delta) debe engrosar el “sector” conocido como propósitos generales, lo que en la práctica se traduciría en libre destinación por parte de los mandatarios locales, en contravía del A.L. 03 de 2024, que establece como prioridad la universalización de los derechos y sectores mencionados; ese su principal propósito y no en desfinanciar estos derechos a las poblaciones de sus territorios, en nombre de una autonomía que inicie el camino hacia el federalismo. El extremo de esta posición, es el proyecto de ley 412 de 2025, impulsada por la gobernación de Antioquia que busca aprobar un referendo, el cual no solo atenta contra los derechos recientemente alcanzados en el acto legislativo 03 de 2024 que acabamos de conquistar, sino que suprimiría el carácter redistributivo del Estado Nacional, permitiendo que sean los territorios los que recauden los impuestos de renta y de patrimonio, aumentando las desigualdades en desarrollo y bienestar de los habitantes de municipios del país, especialmente entre los centros y las periferias.

En este pulso, el presidente Petro está absolutamente claro, en cuanto a que los recursos deben tener destinación y porcentajes que garanticen la materialización de los derechos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico; como también, para los territorios indígenas. Esta es la reforma en desarrollo de mayor impacto social porque beneficia a 50 millones de habitantes en 1.103 municipios. FECODE ha sido líder en este proceso con mucho orgullo y posición de clase como corresponde a su historia, por eso llama la atención que algunos sectores sociales y políticos la tienen por fuera de su radar.

2. Otra de las líneas rojas que nosotros hemos planteado en este proyecto de ley, es mantener el carácter nacional del sector educativo. Algunos mandatarios locales y la bancada de la oposición, anhelan desarticular al magisterio, a la comunidad educativa y a FECODE.

3. También es sustancial mantener el artículo que protege el presupuesto público, impidiendo su entrega a operarios particulares, tal como lo pretende el proyecto de ley de bonos escolares; punto que también quedó en la firma de los acuerdos recientemente suscritos entre FECODE y el gobierno el pasado 1° de julio.

4. Planteamos una discusión para evitar posibles malinterpretaciones, en cuanto a la relación entre la educación media y la educación superior. El A.L. 03 de 2024, incluyó que con estos recursos podrá financiarse dos años de educación superior; nosotros no estamos de acuerdo porque estaríamos entrando en lo que los economistas llaman la suma cero, lo que significa que habría más ingresos, pero también más responsabilidades. Los nuevos ingresos no alcanzarían para asumir los 18 billones de déficit de la educación superior a corte de 2024, más lo que se requiere para garantizar su financiación en adelante. Este crucial asunto esto tiene que la reforma de la ley 30 en los artículos 86, 87 y siguientes, cuyo proyecto de ley apoyamos.

El informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del SGP – Educación, después de 36 sesiones entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, sustentó la necesidad de reestablecer que los recursos reconquistados deben destinarse a la consolidación y universalización del sistema educativo desde la educación con tres grados de escolaridad en preescolar, básica, media especializada, tal como lo establece la le ley 115 de 1994; como también, para garantizar la educación inclusiva y de jóvenes adultos.

Ahora bien, para estar en consonancia con lo aprobado en la reforma constitucional al SGP, tenemos la propuesta para fortalecer la relación de la educación media y superior, facilitando su tránsito con sustento académico y pedagógico, sobre la base de robustecer los institutos técnicos agropecuarios, industriales, comerciales, ITAS, INEM y, por supuesto las escuelas normales superiores -ENS- que van más allá del 11 grado. El conocimiento aplicado que caracteriza a estas instituciones educativas, redunda en un excelente resultado en el ingreso a las universidades especialmente públicas, e incluso en altos puntajes en las pruebas de Estado.

No sobra anotar que las tasas de cobertura a 2023 estaban en prejardín y jardín en 13%, transición 65% y educación media en 51%. Y, que nos proponemos cerrar brechas o desigualdades en acceso, infraestructura, jornada única, relaciones técnicas, canasta educativa, urbana-rural y conectividad.

Como se puede observar, tenemos tarea, la cual se facilitaría enormemente si coincidimos en el contenido del proyecto de ley con el gobierno y, en los objetivos de una movilización social conjunta para evitar que los recursos terminen en los clanes regionales disfrazados de autonomía, durante el debate que se aproxima de la ley orgánica en el Congreso de la República. Es de reconocer que ha sido muy importante y avanzada la posición del presidente de la República, orientando en ese sentido el texto del proyecto de ley, de manera pública.

Dos conclusiones, en coherencia con la invitación a este conversatorio

Finalizo, reiterando lo que dijimos en nuestra intervención en la X Conferencia de CLACSO. La esencia nuestra es el conocimiento y la pedagogía, pero estas difíciles batallas que garantizan las condiciones para su desarrollo son inevitables. Por tal razón, no podemos dejar de mencionar que, como aspecto principal, entre los acuerdos con el Gobierno popular, el pasado 1° de julio, está su primer eje de política educativa y movimiento pedagógico que esperamos sea referente en el país y en el sector educativo en la construcción en el plan nacional decenal de educación del cual participaremos; en el debate nacional de los currículos en todas las áreas, cargos, modalidades y niveles educativos; en la incorporación a la política educativa asuntos claves para la especie y la sociedad como la igualdad de género, la etnoeducación, la transición energética y protección del medio ambiente y, la escuela territorio de paz -ETP- que incluye los temas de memoria, reparación y no repetición que contribuyan a resarcir la fractura de la comunidad educativa como consecuencia del conflicto interno y las violencias. Igualmente, la difusión de las recomendaciones de la Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia.

Es evidente que en este desarrollo están los aportes de los camaradas Francisco Mosquera Sánchez y de Marcelo Torres Benavides, especialmente desde el movimiento estudiantil y universitario de 1971, del maestro Abel Rodríguez Céspedes, con el decisivo impulso al Movimiento Pedagógico desde 1982, entre otros. Su vigencia nos orienta en la lucha por las condiciones, pero sobre todo en la esencia de lo que es y el por qué es determinante para la sociedad y la humanidad, defender un sistema educativo y una educación pública, científica, democrática y diversa como es la Nación. Para el efecto, intensificaremos la poderosa conjunción entre Movimiento Pedagógico y Movilización Social.

Bogotá, Colombia, 6 de agosto de 2025